Por decreto presidencial, Javier Milei vetó la norma que había sido sancionada por el Congreso el 10 de julio de 2025. La ley declaraba emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, establecía una Pensión No Contributiva compatible con empleo formal y actualizaciones automáticas para prestadores y aranceles. El Ejecutivo defendió el veto argumentando falta de fuentes de financiamiento y riesgo fiscal.
Por Analía Montenegro | josenizzo.info
Marchas federales convocadas para exigir la derogación del veto
En respuesta, la Asamblea de Trabajadores por la Inclusión (ATI), junto con organizaciones, prestadores y familiares, convocó a marchas, paro y clases públicas para el martes 5 de agosto en plazas de todo el país, incluyendo Plaza del Congreso en CABA a las 13 y la Plaza San Martín en Córdoba a las 12.
El colectivo reclama que el veto representa “abandono estatal”, ya que el costo estimado de implementación de la ley apenas llegaría a 0,01 % del PBI, según su comunicado. Denuncian que el gobierno recorta a los más vulnerables mientras preserva beneficios para sectores acomodados.
Críticas al discurso oficial y perspectiva social
ATI sostiene que las medidas no impactan el equilibrio fiscal y cuestionan la narrativa oficial del “no hay plata”. Califican al veto como una decisión “de crueldad presidencial” y advierten que el sistema de discapacidad está en “franca agonía”, sin garantías de continuidad más allá de fin de año debido a los atrasos en pagos y la falta de ajuste arancelario frente a una inflación superior al 80 % para prestadores.
Mariel Chiapero, de Apridis en Santa Fe, afirmó que “detrás de estas leyes hay personas” y que los prestadores atraviesan una severa crisis económica: sin aumentos de tarifas desde hace 10 meses y con una diferencia de costo del 80 % entre la inflación y los ingresos.
Qué puede pasar en el Congreso
El veto puede ser revertido si ambas cámaras lograran una mayoría de dos tercios. El oficialismo no cuenta con ese quórum en Diputados ni en el Senado, por lo que el devenir de la ley dependerá de negociaciones políticas y posibles alianzas legislativas.
Con elecciones legislativas pautadas para octubre, el tema adquiere relevancia política nacional. Las organizaciones del sector esperan que el repudio público genere presión y obligue a los legisladores a reconsiderar su postura.
La jornada del martes se presenta como una acción colectiva con alcance federal, unificando las voces del sector discapacidad y otros movimientos sociales en una campaña por la efectiva vigencia de derechos básicos.
Analía Montenegro
josenizzo.info
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