Por Analía Montenegro | josenizzo.info
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Poder Ejecutivo promulgará la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de que el Congreso revirtiera el veto presidencial. El funcionario remarcó que el Gobierno acatará la decisión parlamentaria, aunque advirtió que la reglamentación y la aplicación quedarán supeditadas a definir el financiamiento. La señal oficial llega en un clima político tenso y con la ANDIS bajo la lupa por denuncias y cuestionamientos de gestión.
Un giro tras la insistencia del Congreso
Francos afirmó que “el Poder Ejecutivo la va a promulgar” y que luego deberá dictarse un decreto reglamentario para precisar la implementación. En paralelo, planteó que el Congreso “debe establecer de dónde salen los recursos”, deslizando que sin una fuente de fondos clara la puesta en marcha quedará condicionada. La postura oficial se inscribe en la línea que distintos medios consignaron esta mañana: promulgación sí, pero aplicación diferida mientras se define cómo costearla.
La ruta legislativa que dejó firme la norma
La ley quedó firme tras la insistencia del Senado, que reunió los dos tercios y dejó sin efecto el veto de la Casa Rosada, luego de que Diputados hiciera lo propio semanas atrás. Se trata de un movimiento parlamentario poco frecuente que tensionó la relación entre el oficialismo y la oposición y obligó al Gobierno a recalibrar su estrategia.
La disputa por los recursos y el impacto fiscal
El corazón del conflicto pasa por el financiamiento: el Ejecutivo invoca su programa de equilibrio fiscal y exige que las partidas estén identificadas, mientras que la oposición reclama cumplir la ley vigente y responsabiliza al Gobierno por la demora reglamentaria. En ese marco, distintas coberturas coincidieron en que la reglamentación podría “congelarse” hasta que el equipo económico defina números y fuentes de fondos.
Un área sensible en medio de la crisis política
La confirmación llegó en una semana marcada por movilizaciones y reclamos en salud y educación tras otros vetos presidenciales, con hospitales y universidades en el centro de la escena. El tablero político agrega presión sobre una agenda social delicada, donde la ejecución de la ley de discapacidad es vista como un test de gobernabilidad y de prioridades fiscales.
La promulgación reconoce el veredicto del Congreso y ordena el tablero jurídico, pero la discusión real recién comienza: sin reglamentación ni fondeo asegurado, la ley corre el riesgo de ser una promesa en pausa. En tiempos de recursos escasos y urgencias sociales, la política está llamada a algo más que a marcar posiciones: debe resolver cómo y cuándo garantizar derechos que ya son ley.
Analía Montenegro
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