El Gobierno presentó en el Coloquio de IDEA su proyecto de reforma laboral, que propone eliminar convenios colectivos, facilitar despidos, habilitar contratos en cualquier moneda y extender las jornadas laborales. La iniciativa genera respaldo empresario y rechazo sindical y opositor.
Por Analía Montenegro | josenizzo.info
El Gobierno de Javier Milei oficializó los principales lineamientos de su reforma laboral ante un auditorio repleto de empresarios en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata. El plan, que el propio Ejecutivo define como una “revolución laboral”, busca reestructurar las bases del sistema de empleo argentino a través de menos regulaciones, convenios flexibles y mayor libertad contractual.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo que “los convenios por empresa deben primar sobre los de actividad”, al tiempo que cuestionó la duración prolongada de los acuerdos sectoriales vigentes. En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propuso que las paritarias sean provinciales en lugar de nacionales y que en las zonas “menos productivas” se permita contratar con menores salarios.
“Convenio inferior prevalece sobre convenio superior”, afirmó Sturzenegger, defendiendo un esquema que permitiría a las compañías negociar condiciones más flexibles que las establecidas por rama de actividad. “El Gobierno les da la libertad para diseñar el contrato laboral que quieran, y no hacen nada, muchachos. No se entiende”, ironizó ante los empresarios presentes.
Entre las medidas más polémicas figura la eliminación de las indemnizaciones por despido, que serían reemplazadas por un fondo de cese laboral, similar al que aplica la UOCRA. El proyecto también incluye contratos en cualquier moneda, incluso en dólares, un banco de horas para compensar extras con descansos y vacaciones más flexibles.
Asimismo, se promueve un sistema de salarios por productividad. Según Cordero, “no es igual remuneración por igual tarea. Quien trabaja más debe tener mejor retribución”. Los datos del SIPA revelan, sin embargo, un contexto adverso: entre noviembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron más de 200.000 empleos, especialmente en la industria y la construcción.
La polémica se profundizó cuando el empresario Martín Varsavsky, cercano a Milei, mencionó la posibilidad de una jornada laboral de hasta 13 horas diarias, “inspirada en el modelo griego”. Aunque aclaró que sería “opcional”, el planteo encendió las alarmas en los gremios. Desde la CGT advirtieron que se trata de “un retroceso histórico en derechos laborales”, y en redes sociales proliferó la consigna #EsclavismoModerno.
Desde la oposición, el dirigente radical Ricardo Alfonsín (Proyecto Sur) rechazó en duros términos la iniciativa: “Lo que quiere Milei no es modernizar, es retroceder. Quiere volver a un sistema más injusto y autoritario”. Y agregó: “Modernizar sí, pero con justicia social, diálogo y equilibrio entre las partes”.
La presentación de la reforma deja abierta una nueva batalla política y social: el Ejecutivo busca dinamizar el mercado laboral, mientras sindicatos y sectores opositores denuncian una pérdida drástica de derechos conquistados.
La propuesta laboral del oficialismo marca un giro estructural en las relaciones de trabajo en Argentina. Entre la promesa de libertad económica y el temor al desamparo laboral, el debate recién comienza.
Analía Montenegro
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