La Asociación Trabajadores del Estado anunció un cese de actividades en todo el país con una movilización central a Plaza de Mayo. El gremio rechaza el proyecto de reforma laboral y la intención del Gobierno de recortar la planta estatal, al tiempo que presiona a las provincias para frenar el apoyo legislativo al oficialismo.

Por Analía Montenegro | josenizzo.info

La tensión entre los sindicatos estatales y el Gobierno nacional escalará nuevamente antes de fin de año. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha definido oficialmente un Paro Nacional para el próximo 18 de diciembre, una medida de fuerza que incluirá una movilización masiva a Plaza de Mayo a partir de las 15 horas. La decisión, adoptada por el Consejo Directivo Nacional tras el mandato de las 191 seccionales y las 24 provincias durante el Confederal realizado en San Luis, busca frenar el avance del proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei y exigir una inmediata reapertura de paritarias frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Una jornada de lucha federal y rechazo a la reforma

La estrategia del sindicato trasciende la protesta en la Ciudad de Buenos Aires. Según lo comunicado por la conducción nacional, la jornada tendrá un fuerte componente federal, ya que en cada distrito del interior del país las protestas se concentrarán frente a las respectivas Casas de Gobierno. El reclamo central gira en torno al rechazo absoluto al contenido de la reforma laboral ingresada por la Cámara de Senadores, la cual el gremio considera incompatible con el sistema democrático.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue categórico al analizar la iniciativa oficial, calificándola como una herramienta propia de regímenes autoritarios, incluso más nociva que la normativa vigente durante la última dictadura militar. El dirigente cuestionó duramente la posibilidad de instaurar jornadas laborales de 12 horas y el pago en especies, tildando estas propuestas de barbaridad. Para el sindicato, la reforma no tiene como fin la creación de empleo genuino, sino que implica un sometimiento donde los empresarios pasarían a ser dueños de las vidas de los trabajadores, cuya única oferta es su fuerza de trabajo y salud.

La advertencia a los mandatarios provinciales

Uno de los puntos más álgidos de la convocatoria es el cambio de foco en la presión política. ATE ha decidido interpelar directamente a los gobernadores, entendiendo que la mayoría de los legisladores nacionales actúan bajo instrucciones directas de los ejecutivos provinciales. Aguiar lanzó una dura advertencia política al sostener que es necesario confrontar a los gobernadores en sus propios territorios, argumentando que apoyar la reforma laboral y el presupuesto actual equivale a un suicidio político para las administraciones locales, dado que terminarán de aniquilar las economías regionales.

Esta focalización en las provincias responde a un diagnóstico gremial sobre el deterioro económico federal. Desde ATE señalan que, durante los primeros dos años de gestión de Javier Milei, el interior del país ha sido el más castigado. Factores como la caída de los impuestos coparticipables, el descenso abrupto del consumo, la reducción de las transferencias no automáticas y la paralización total de la obra pública han configurado un escenario de crisis que, según el sindicato, se profundizará si se aprueban las leyes en debate.

El impacto en el empleo público y la economía regional

La preocupación del gremio también se centra en la estabilidad laboral dentro del Estado. ATE denuncia una intención oficial de recortar un 10% la planta estatal y advierte que la reforma laboral afectaría a más de 70.000 agentes de organismos públicos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, ya sea de forma supletoria o plena. Asimismo, el sindicato cuestionó las modificaciones en la presunción de vínculo laboral para los monotributistas, alertando que esto perpetuará el fraude laboral tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios.

La convocatoria al 18D marca un punto de inflexión en la estrategia de ATE, que busca nacionalizar el conflicto rompiendo la lógica de que el ajuste es solo una decisión de la Casa Rosada. Al apuntar contra los gobernadores, el sindicato intenta dinamitar los puentes de negociación que el oficialismo construye en el Congreso para aprobar sus reformas estructurales. La movilización pondrá a prueba no solo la capacidad de fuego del gremio en las calles porteñas, sino su influencia real en el interior del país, donde la dependencia de los fondos nacionales muchas veces disciplina las decisiones políticas locales.

Analía Montenegro

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