La paritaria de la Administración Pública Nacional cerró este viernes con un acuerdo que profundiza la fractura entre los principales gremios del sector. El Gobierno nacional estableció un incremento salarial del 2% para el mes de diciembre, acompañado por el pago de un bono extraordinario de $50.000 por única vez. Si bien la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) formalizó el entendimiento con su firma, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta de manera expresa, calificándola de insuficiente ante el contexto inflacionario.

Por Analía Montenegro | josenizzo.info

El impacto salarial frente a las proyecciones inflacionarias

El cierre de la negociación se produce en un marco de fuerte pérdida del poder adquisitivo. Según los datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación proyectada para diciembre se sitúa en el 2,2%, superando el aumento acordado. Bajo estas estimaciones, el año 2025 finalizaría con una inflación acumulada del 30,7%, mientras que la paritaria anual apenas alcanzó el 17,1%. Esta diferencia marca una brecha negativa de 13,6 puntos porcentuales para los haberes de los empleados públicos, consolidando una tendencia de deterioro salarial que, según ATE, supera el 42,2% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Críticas gremiales y cuestionamientos al modelo fiscal

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó duras críticas tanto al Gobierno como al sindicato que avaló la propuesta. El dirigente denunció que el equilibrio fiscal se sostiene sobre el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, mientras se reducen o eliminan impuestos a grandes empresas y sectores del agro. Aguiar tildó el acuerdo de «paritaria miserable» y señaló que el bono extraordinario no compensa la caída de los ingresos, subrayando que durante 2025 los estatales perdieron el equivalente a cuatro salarios completos.

Convocatoria a medidas de fuerza y reclamos de recomposición

Ante la formalización del aumento, ATE anunció que iniciará una serie de asambleas y plenarios para definir un plan de acción directo. El gremio reclama una recomposición urgente que eleve el ingreso mínimo a $2.000.000 y una suma fija de $400.000 para paliar la situación de pobreza que afecta a diversos sectores del Estado. Las autoridades nacionales, por su parte, dejaron establecido que las mesas de negociación volverán a abrirse recién en enero de 2026 para iniciar las discusiones correspondientes al próximo ciclo anual.

El cierre de la paritaria estatal de 2025 deja en evidencia la estrategia del Gobierno de priorizar el ajuste fiscal mediante el anclaje de los salarios públicos, incluso por debajo de la inflación proyectada. La firma de UPCN otorga al Ejecutivo el aval institucional necesario, pero el rechazo de ATE y la convocatoria a asambleas anticipan un inicio de 2026 con alta conflictividad en la calle. La brecha de casi 14 puntos entre la inflación y los aumentos salariales no solo debilita el consumo, sino que tensa al máximo la paz social en un sector clave para el funcionamiento administrativo del país.

Analía Montenegro

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