El Congreso Nacional ha concluido el año legislativo 2025 con un balance que refleja una parálisis institucional sin precedentes. Con apenas 13 leyes sancionadas en doce meses, la actividad parlamentaria alcanzó su cifra más baja de los últimos diez años, en un escenario marcado por la fragmentación política y la confrontación directa entre el Poder Ejecutivo y una oposición que logró imponer su agenda en el recinto.

Por Analía Montenegro | josenizzo.info

De las 11 normas aprobadas durante el período ordinario, ninguna fue de autoría del Poder Ejecutivo. El relevamiento oficial confirma que ocho de estas leyes surgieron de iniciativas opositoras —destacándose el Financiamiento Universitario y la reforma a la movilidad jubilatoria—, mientras que las tres restantes correspondieron a tratados internacionales de gestiones previas. Solo en el tramo final del año, durante las sesiones extraordinarias, el oficialismo logró destrabar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

Un escenario de minoría y derrotas políticas

El año 2025 quedará registrado como el periodo en el que el Gobierno de Javier Milei enfrentó sus límites más severos en el Parlamento. La debilidad numérica oficialista derivó en un hecho inédito para su gestión: de los siete vetos totales o parciales ejercidos por el Presidente, el Congreso logró reunir las mayorías necesarias para insistir y revertir tres de ellos, sosteniendo la validez de las leyes pese al rechazo de la Casa Rosada.

Esta dinámica de confrontación también se trasladó al control de la actividad administrativa. La oposición batió un récord histórico al utilizar la herramienta técnica de los emplazamientos a comisión en 20 oportunidades, una cifra muy superior al máximo anual de tres registros previos. Este mecanismo forzó el tratamiento de proyectos que el oficialismo intentaba dilatar en las comisiones bajo su control.

Límites al Poder Ejecutivo y sesiones especiales

Por primera vez en la historia democrática reciente, el Legislativo ejerció un freno contundente sobre las facultades delegadas del Presidente. El rechazo de cuatro decretos de facultades delegadas y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) marcó un punto de inflexión en la relación de fuerzas, limitando el margen de maniobra de la administración central.

La falta de consensos mínimos para una agenda ordinaria quedó evidenciada en la naturaleza de las reuniones plenarias. De las 22 sesiones celebradas durante el año, la mitad fueron sesiones especiales, convocadas de forma específica ante la imposibilidad de establecer un plan de labor parlamentaria común entre los bloques.

Perspectivas para el ciclo parlamentario 2026

Pese a los indicadores de baja productividad, el oficialismo proyecta un escenario diferente tras la renovación de bancas resultante de las elecciones legislativas. Desde La Libertad Avanza aseguran que la reciente aprobación del presupuesto es el primer paso para abandonar una postura defensiva, basada en el uso del veto, y pasar a una fase de iniciativa legislativa propia. El éxito de esta estrategia dependerá de la nueva conformación de las Cámaras y de la capacidad de los bloques para quebrar la parálisis que definió este 2025.