Una coalición integrada por veinte organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales ha formalizado un pedido urgente ante el Congreso de la Nación para proceder a la derogación del DNU 941/2025. El decreto, emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 31 de diciembre, introduce reformas profundas en la Ley de Inteligencia que, según denuncian las entidades, debilitan de manera crítica los controles democráticos y habilitan prácticas que se consideraban superadas en el país. El documento conjunto advierte que la norma es manifiestamente inconstitucional y otorga facultades de vigilancia y aprehensión que ponen en riesgo las garantías individuales.

Por Analía Montenegro | josenizzo.info

El fantasma de la policía secreta y las aprehensiones sin orden judicial

Uno de los puntos más alarmantes señalados por entidades como Amnistía Internacional Argentina, el CELS y Poder Ciudadano es la facultad otorgada a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para proceder a la aprehensión de personas. Las organizaciones advierten que, por primera vez desde el retorno de la democracia, se permite este tipo de procedimientos sin que existan criterios claros, garantías establecidas ni la necesaria autorización judicial previa. Este vacío legal, sostienen, transforma a los servicios de inteligencia en una suerte de policía secreta que opera bajo la sombra del absoluto secreto, facilitando el camino hacia detenciones arbitrarias, la persecución ideológica y la intimidación ciudadana.

Vigilancia masiva y la vulnerabilidad de los datos personales

La reforma también establece la obligatoriedad para más de quince organismos públicos de compartir datos personales de la población con la SIDE. El cuestionamiento radica en que el decreto no define procedimientos concretos ni mecanismos de control sobre el uso de esta información. Las organizaciones firmantes subrayan que esta acumulación de datos en un solo organismo, en un contexto donde el Estado carece de políticas adecuadas de seguridad de la información y donde las filtraciones son recurrentes, constituye una herramienta de vigilancia masiva sin precedentes. Al ser todas las actividades de inteligencia encubiertas por definición, el ciudadano pierde el derecho a saber si está siendo investigado o qué información posee el Estado sobre su privacidad.

El retroceso en la separación entre defensa y seguridad interna

El documento también pone el foco en la reintroducción de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales. Esta medida es señalada como un retroceso histórico peligroso que ignora las lecciones aprendidas tras la última dictadura militar, periodo tras el cual Argentina trabajó para separar estrictamente las funciones de defensa de las de seguridad interna. Al permitir que los militares realicen estas tareas sobre grupos civiles sin aclarar criterios de categorización ni someterse al control civil, se desdibuja el límite que protege a la sociedad de posibles abusos de fuerza por parte del aparato estatal.

El complejo escenario legislativo y la resistencia judicial

Mientras el Gobierno tiene plazo hasta el próximo jueves para enviar la norma al Congreso, el escenario político se presenta adverso. La Comisión de Trámite Legislativo aún no está constituida, lo que podría habilitar a la oposición —conformada por bloques como Unión por la Patria, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, entre otros— a impulsar el tratamiento directo en el recinto. En paralelo a la presión de las organizaciones sociales, ya existen acciones judiciales en curso, como el amparo presentado por el diputado Maximiliano Ferraro y el proyecto de ley de derogación del senador Jorge Capitanich, configurando un frente de resistencia múltiple contra la reforma del sistema de inteligencia.

El secreto como amenaza al pacto democrático

La implementación del DNU 941/2025 representa una apuesta por la opacidad en una institución que, históricamente, ha sido el foco de los mayores cuestionamientos institucionales en Argentina. Al establecer el secreto como regla y eliminar la intervención judicial en procesos de aprehensión, el Poder Ejecutivo no solo expande la discrecionalidad estatal, sino que socava el principio de transparencia esencial para cualquier democracia moderna. La confluencia de sectores sociales y políticos en contra de esta medida resalta que la seguridad nacional no puede construirse a expensas de las libertades civiles ni del control republicano de los organismos de fuerza.