La Policía de la Ciudad reprimió nuevamente la tradicional movilización de los miércoles protagonizada por adultos mayores en las inmediaciones del Congreso Nacional. El operativo, que incluyó el uso de gas pimienta y bastones, resultó en varios manifestantes heridos y una mujer descompensada. El episodio más grave involucró a un jubilado con muletas que fue agredido físicamente por los efectivos y posteriormente debió ser trasladado por el SAME tras recibir una descarga de gas en el rostro.

Por Analía Montenegro | josenizzo.info

Un miércoles de violencia policial en las cercanías del Congreso

Los incidentes se desencadenaron frente al edificio de la Auditoría General de la Nación cuando el personal policial intentó detener a un acompañante terapéutico bajo el argumento de que circulaba en una motocicleta sin la patente correspondiente. Según testimonios de los presentes, la intervención policial fue percibida como una provocación directa hacia quienes se manifestaban pacíficamente. Al intentar impedir la detención del joven, los efectivos comenzaron a golpear a los manifestantes.

Imágenes registradas durante la jornada muestran el momento exacto en que un oficial empujó violentamente a un jubilado que utilizaba muletas para desplazarse, provocando su caída al pavimento. Esta agresión inicial generó la reacción de los demás manifestantes, lo que dio lugar a una represión generalizada con palos y escudos. Tras el avance, las fuerzas de seguridad se refugiaron dentro de las instalaciones de la AGN mientras los jubilados expresaban su repudio ante el accionar desmedido de la fuerza pública.

Asistencia médica y saldo de los enfrentamientos

La violencia del operativo dejó huellas físicas visibles en los asistentes. Carlos, uno de los manifestantes, denunció las marcas de golpes en sus brazos y calificó la situación como insoportable. El saldo sanitario más crítico fue el del jubilado con muletas, quien tras ser tirado al suelo recibió gas pimienta de forma directa, lo que obligó a su derivación inmediata a un hospital.

Asimismo, una mujer sufrió una descompensación en medio del caos y fue asistida por voluntarios que suelen acompañar estas marchas. Varios jubilados debieron recibir curaciones de emergencia en el lugar debido a quemaduras en la piel y afecciones respiratorias provocadas por el gas lacrimógeno lanzado de manera indiscriminada por la Policía de la Ciudad.

La crisis del poder adquisitivo bajo la gestión de Javier Milei

Estas movilizaciones no son hechos aislados, sino la respuesta a un deterioro sostenido de las condiciones de vida de los adultos mayores. De acuerdo con un informe técnico del Centro de Economía Política Argentina, el poder de compra de las jubilaciones sin bono durante el último trimestre de 2025 se ubicó un 2,3% por debajo del mismo periodo de la gestión anterior. La situación es aún más dramática para quienes perciben bonos, cuya caída alcanzó el 16,8% en el mismo lapso.

En diciembre de 2025, la jubilación mínima sin bono se estableció en 340.886 pesos, cifra que se alcanzó mediante la fórmula de actualización oficial. No obstante, el análisis comparativo indica que, de haberse mantenido la fórmula de movilidad previa, el haber mínimo debería haber sido de 434.279 pesos, lo que representa una diferencia del 27,4% en perjuicio de los beneficiarios.

El impacto del veto presidencial y las proyecciones para 2026

El conflicto se agrava por la decisión del Poder Ejecutivo de mantener congelado el bono previsional en 70.000 pesos desde marzo de 2024, sin haber aplicado ninguna actualización por inflación en casi dos años. Esta medida se suma al veto total impuesto en julio de 2025 contra la ley de reforma jubilatoria aprobada por el Congreso. Dicha normativa buscaba recomponer los haberes con un aumento excepcional del 7,2%, elevar el bono a 110.000 pesos y prorrogar la moratoria previsional, además de facilitar el acceso a la PUAM para mujeres a partir de los 60 años.

Para el ejercicio fiscal de 2026, el Presupuesto oficial promete un incremento real del 6% en las jubilaciones. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha lanzado una advertencia contundente. Si el bono permanece congelado en los valores actuales, la jubilación mínima sufrirá una caída real del 1%, mientras que el resto de los haberes apenas lograría una mejora del 2,2%. Estas estimaciones dependen de que se cumpla la meta inflacionaria oficial del 10,1% anual, una cifra que el mercado y diversos especialistas consideran excesivamente optimista.

La represión sistemática de las marchas de jubilados expone una fractura social profunda. No se trata únicamente de un conflicto por el uso del espacio público, sino de la respuesta estatal ante el reclamo de un sector que ha visto su capacidad de subsistencia reducida drásticamente por decisiones administrativas y vetos legislativos. Mientras los indicadores económicos del Centro de Economía Política Argentina y la Oficina de Presupuesto del Congreso confirman la pérdida de poder adquisitivo, la respuesta en las calles sigue siendo el uso de la fuerza. El contraste entre la vulnerabilidad física de los manifestantes y la dureza del operativo policial marca un punto de inflexión en la gestión de la protesta social y la deuda interna con la clase pasiva.