La medida, firmada por Francos y Sturzenegger, deroga una norma vigente desde 2004 y abre la puerta a una mayor licuación de los sueldos públicos.

Por Analía Montenegro | josenizzo.info

El gobierno de Javier Milei eliminó este miércoles una norma que garantizaba la equiparación salarial entre los trabajadores de planta permanente y los contratados del Estado nacional. La medida quedó oficializada mediante la Decisión Administrativa 26/2025, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La disposición deroga la Decisión Administrativa N.º 3/2004, que establecía que el personal contratado debía percibir una remuneración equivalente al nivel o categoría de los empleados de planta permanente con funciones similares, ajustada proporcionalmente según la carga horaria.

Con esta eliminación, el Gobierno libertario desancla los sueldos de los contratados respecto de los de planta, lo que podría profundizar la pérdida de poder adquisitivo de un amplio sector del empleo público.

En los considerandos de la nueva resolución, el Ejecutivo argumenta que la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública se encuentra revisando el régimen de contrataciones “para optimizar los procesos de gestión”, aunque no ofrece mayores explicaciones sobre los motivos específicos de la derogación.

Licuación salarial y despidos masivos

La medida se enmarca en una política económica que, según el propio Gobierno, utiliza la licuación de salarios como herramienta para contener la inflación. Sin embargo, el ajuste golpea con más fuerza a los trabajadores del sector público, que han sufrido una caída del poder adquisitivo de hasta el 19,4 %, según datos oficiales.

Desde diciembre de 2023, la administración libertaria despidió a más de 50 000 empleados contratados y pasó a miles de trabajadores de planta a “situación de disponibilidad”, un régimen creado por la Ley Bases que permite su posterior desvinculación si no son reubicados en un plazo de seis a doce meses.

De acuerdo con un informe del Departamento de Análisis de Empleo, Salarios y Políticas del Sector Público de ATE Nacional, la pérdida del poder adquisitivo de los estatales llega al 35,9 % tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (INDEC), y supera el 40 % si se incluyen aumentos en servicios, alquileres y educación.

La decisión de eliminar la equiparación salarial consolida un nuevo capítulo del ajuste estructural en el Estado nacional. En un contexto de inflación persistente y despidos masivos, el retroceso en los derechos laborales de los estatales vuelve a exponer el costo social de la estrategia económica libertaria.

Analía Montenegro

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