Salud y silencio en la comarca: Un centro oncológico y la sombra de una planta
industrial.

En medio de una necesidad sanitaria urgente, la aprobación de fondos para un
centro oncológico en Plaza Huincul destapa un debate más profundo sobre las
prioridades políticas y los costos del desarrollo industrial en la región.

El pasado jueves, el Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó por unanimidad
en sesión extraordinaria una ordenanza clave: la autorización para utilizar fondos
del Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo (ENIM) para construir un Centro de Atención Integral de Oncología. El proyecto, replicado y aprobado también en Cutral Có,
movilizará más de 1,056 millones de pesos y promete aliviar una deuda histórica
con la salud pública de la Comarca Petrolera.

Sin embargo, este anuncio, aplaudido en los discursos oficiales, se enmarca en un
contexto más complejo. Mientras las autoridades provinciales y municipales
presentan la obra como un logro de gestión, parte de la comunidad observa con
escepticismo lo que considera un «maquillaje político», que atiende las
consecuencias sin abordar lo que muchos sospechan es una de las causas: la
presencia de la planta de metanol de YPF, una de las más grandes del país, en el
corazón del complejo industrial local.

Una necesidad sanitaria innegable

Los fundamentos del centro oncológico son indiscutibles. Estadísticas del Hospital
de Complejidad Media de la región revelan que, entre enero de 2023 y mayo de
2024, se registraron 1,264 consultas relacionadas con cáncer, correspondientes a
433 pacientes, aún se desconocen los datos oficiales del 2025.

· Perfil de los afectados: El 59% son mujeres y el 35% tiene entre 61 y 75 años.
· Vacío asistencial: En el sistema público de la comarca no hay ningún médico oncólogo, forzando a los pacientes a viajar más de 200 kilómetros (ida y vuelta) a Neuquén capital para cada tratamiento, con el desgaste físico, emocional y económico que ello implica.

El centro, que se construirá en el predio del hospital, contará con 322 metros cuadrados, consultorios, farmacia, estaciones de enfermería y gabinetes técnicos. La obra, cuya ejecución tendría un plazo estimado de 150 días, es una respuesta directa al reclamo iniciado por este medio el pasado diciembre a causa de la emergencia sanitaria.

La otra cara de la moneda: Inversión millonaria, pasivos ambientales y un déficit de trabajo local

Mientras se destinan fondos para paliar la enfermedad, la mirada de muchos vecinos se dirige hacia el Complejo Industrial de Plaza Huincul. Allí, YPF no solo tiene una refinería clave para procesar el crudo de Vaca Muerta, sino también la única planta de metanol a escala del país.

Este emprendimiento, cuya construcción finalizó en 2019 con una inversión de 168 millones de dólares (equivalente a más de 150,000 millones de pesos argentinos al tipo de cambio actual), produce 400,000 toneladas anuales de metanol. En su momento, el proyecto gozó de beneficios promocionales, incluida una rebaja del 50% en el precio del gas y exenciones impositivas provinciales.

Contraste de Inversiones y Tiempos

Proyecto Oncológico (2026)
· Inversión: ~$1,056 millones de pesos (ENIM)
· Plazo: 150 días
· Naturaleza: Atención a la salud (consecuencias)

Planta de Metanol (2019)
· Inversión: ~US$168 millones (más de $150,000 millones de pesos)
· Plazo: Varios años de construcción

· Naturaleza: Desarrollo industrial (sin inversión paralela en sanidad ambiental
preventiva)

Financiamiento YPF (2026)
· Monto: US$550 millones en bonos para refinanciar deuda y su plan de
inversiones
· Naturaleza: Operación financiera internacional. A nivel local, no se traduce en una oferta laboral significativa para la comunidad: actualmente, el portal de empleos de la empresa solo lista 28 vacantes en todo el país, la mayoría para puestos corporativos especializados en Buenos Aires o en plantas lejanas, y ninguna dirigida específicamente a mano de obra no calificada de Plaza Huincul.

La paradoja ambiental: Esta falta de inversión local en salud preventiva contrasta con la capacidad de la empresa para abordar pasivos ambientales históricos en otras provincias. Recientemente, YPF acordó pagar 335 millones de dólares a la provincia de Santa Cruz por los pasivos ambientales generados en casi 80 años de operación, un hecho calificado como «inédito» por el gobierno provincial.
Mientras asume esa responsabilidad millonaria en una región de la que se retira, en Neuquén la comunidad no tiene acceso a estudios epidemiológicos ni a un monitoreo ambiental independiente y público que evalúe el impacto de las operaciones actuales.

Lo que brilla por su ausencia en la cobertura mediática local y provincial y en la agenda política explícita es un debate público sobre los potenciales impactos en la salud de esta industria. La desconfianza se agrava ante el silencio y, según denuncian organizaciones ambientales, ante posibles estrategias de desinformación. Un documento filtrado y atribuido a YPF describe tácticas para «ridiculizar la protesta ambiental», calificar a los activistas de «guerrilla ambiental» y promover una «aceptación nacionalista» de los proyectos. Esto refuerza la percepción de que, mientras se anuncia con bombo y platillo la solución médica, se omite y hasta se desacredita cualquier discusión seria sobre la prevención y el control ambiental como política de salud pública.

El relato político y la realidad cotidiana

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Claudio Larraza han presentado el centro oncológico como un emblema de su gestión y de la continuidad de la obra pública. Sin embargo, este anuncio contrasta con otras realidades de la comarca, como el abandono de obras de infraestructura cruciales. Un claro ejemplo es la multitrocha de la Ruta Nacional 22, una vía doble prometida para mejorar la seguridad en una ruta congestionada por camiones (incluidos los de cargas peligrosas) y donde ocurren accidentes fatales. El proyecto, según los propios intendentes, está «paralizado» y sin plazo tras la retirada de fondos nacionales.

Esta discrepancia alimenta la crítica de que se prioriza la «noticia positiva» inmediata (el centro oncológico) sobre inversiones estructurales menos vistosas o sobre la transparencia en temas ambientales delicados.

Una comunidad entre el alivio y la desconfianza

Para las más de 500 familias afectadas por el cáncer en la región, el centro oncológico es una luz de esperanza tangible. Significará un tratamiento más digno, menos costoso y cerca de sus redes de contención. Es un avance concreto que nadie podría objetar en su esencia.

No obstante, persiste un malestar sordo. La comunidad enfrenta una realidad de inversiones asimétricas: una planta que costó miles de millones de pesos, una empresa que recauda cientos de millones en los mercados internacionales y solventa pasivos ambientales multimillonarios en otras provincias, pero que no genera empleo significativo local ni invierte en sanidad ambiental preventiva donde opera. La desatención mediática sobre los posibles riesgos, posiblemente facilitada por estrategias de relaciones públicas
que buscan «ridiculizar» las preocupaciones legítimas, es vista por muchos como una forma de proteger intereses poderosos.

El maquillaje político, si existe, no estaría solo en la construcción del centro (una obra legítima y necesaria), sino en utilizar su anuncio como cortina de humo para un modelo de desarrollo extractivista que no se discute públicamente, que no revierte sus ganancias en empleo local genuino ni en la protección ambiental y sanitaria de la población directamente afectada. Mientras el cáncer se atiende en tierra, las preguntas sobre sus orígenes y la distribución justa de los beneficios económicos parecen quedar varadas en un limbo de silencio oficial, desinterés periodístico y una oferta laboral inexistente, dejando a cientos de
familias no solo con el dolor de la enfermedad, sino también con la angustia de la incertidumbre y la falta de oportunidades.