La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) manifestó este martes una profunda preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, implica la transformación del organismo en una secretaría dependiente del Ministerio de Salud. Según la organización, este movimiento representa un cambio estructural que reduce la jerarquía institucional de las políticas públicas y limita un enfoque que debería ser transversal a todas las áreas del Estado.

Por Analía Montenegro | josenizzo.info

En un comunicado oficial, FADEPOF alertó que la reestructuración administrativa podría derivar en un debilitamiento de la rectoría estatal y de la articulación federal necesaria para atender a este sector vulnerable. La crítica surge en un contexto político sensible, marcado por investigaciones judiciales que analizan presuntos esquemas de corrupción y sobrecostos en la compra de medicamentos, lo que añade una capa de sospecha sobre la oportunidad y el trasfondo de esta reorganización institucional.

La discapacidad como un eje de derechos humanos

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento radica en el retroceso conceptual que implica situar la discapacidad bajo la órbita exclusiva de Salud. Para la federación, esta decisión ignora que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, tal como lo establece la Convención de las Naciones Unidas ratificada por la Ley 26.378. Al centralizar la gestión en una cartera sectorial, se corre el riesgo de perder la visión integral que debe incluir educación, trabajo, vivienda y accesibilidad.

La postura de los organismos internacionales es clara al recomendar que estas políticas se ubiquen en niveles altos de la estructura estatal para garantizar la capacidad de influir en todos los ministerios. FADEPOF subrayó que absorber la agencia dentro de un ministerio específico contradice estas recomendaciones y fragmenta una política que, por naturaleza, debe ser inclusiva y participativa.

Exigencias de transparencia y cumplimiento normativo

FADEPOF realizó un llamado directo a las autoridades nacionales para establecer garantías mínimas frente a la transición. La primera demanda exige el cumplimiento estricto de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aprobada recientemente por el Congreso Nacional. Existe un temor fundado en el sector de que la disolución del organismo sea utilizada como un mecanismo para dilatar o incumplir las obligaciones legales vigentes.

Por otro lado, la federación puso especial énfasis en la transparencia. Exigieron que las investigaciones judiciales y las auditorías iniciadas sobre la gestión del organismo continúen sin obstáculos ni condicionamientos. Esta advertencia cobra relevancia ante el escándalo que involucra investigaciones por presuntas coimas y sobrecostos millonarios. El sector demanda que la reconfiguración administrativa no sirva como una cortina de humo para entorpecer el avance de la justicia en la rendición de cuentas pública.

Impacto en las enfermedades poco frecuentes

La magnitud de la decisión afecta directamente a un universo amplio de pacientes. Según datos de la federación, más del 65% de las enfermedades poco frecuentes (EPOF) conllevan algún tipo de discapacidad, muchas de ellas de carácter visceral o progresivo. Estas realidades requieren un abordaje técnico actualizado y una sensibilidad institucional que, a juicio de los expertos, podría diluirse en una estructura burocrática mayor y menos especializada.

La necesidad de resguardar los mecanismos de articulación federal es imperativa para evitar que la centralización en Buenos Aires limite el alcance de las políticas en el resto de las jurisdicciones. Para FADEPOF, el compromiso del Estado como garante de equidad está hoy bajo observación debido a la falta de espacios de participación formal para las organizaciones representativas durante este proceso de cambio.

La disolución de ANDIS no puede ser leída simplemente como un ahorro de costos o una optimización administrativa. Al degradar su rango institucional, el Gobierno Nacional envía una señal de repliegue en una agenda que es, ante todo, de derechos humanos. La coincidencia de esta medida con investigaciones judiciales por corrupción en el área de salud genera un escenario de desconfianza legítima. El Estado debe garantizar que la «reorganización» no se convierta en sinónimo de impunidad ni en un recorte encubierto de derechos adquiridos para millones de ciudadanos que dependen de una política transversal y transparente.