La iniciativa fue incluida en el temario de sesiones extraordinarias pese a que los bloques aliados mantienen su postura de no perforar el piso de los 14 años. El proyecto se impulsa en un contexto de indicadores de criminalidad a la baja y carece de una partida presupuestaria específica para su implementación.

Por Analía Montenegro | josenizzo.info

Un retorno al debate punitivo sin consensos previos

El Poder Ejecutivo nacional ha decidido reinsertar en la agenda parlamentaria la reforma del Régimen Penal Juvenil, centrando su propuesta en la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años. Esta decisión, formalizada en el llamado a sesiones extraordinarias, busca retomar una discusión que quedó trunca durante 2025 ante la imposibilidad del oficialismo de alinear a sus aliados estratégicos. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, inició esta semana las consultas con los bloques dialoguistas, encontrando un panorama similar al del año pasado: la negativa de sectores como el PRO y la UCR a convalidar los 13 años, insistiendo en un límite de 14.

La insistencia con este proyecto ocurre en un momento en que otras reformas estructurales, como la laboral, se encuentran paralizadas. Desde la mesa política de la Casa Rosada se interpreta que el inicio del año legislativo es el momento propicio para instalar un debate de alto impacto público, bajo la premisa «delito de adulto, pena de adulto» que el presidente Javier Milei ha sostenido en sus recientes intervenciones. Sin embargo, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha matizado el alcance de la medida al aclarar que no se prevé el uso de cárceles comunes para los menores, sino establecimientos diferenciados.

Contradicciones financieras y estadísticas de seguridad

Uno de los puntos más controvertidos del borrador oficial es la ausencia de un esquema de financiamiento propio. El texto delega en la Jefatura de Gabinete la potestad de reasignar partidas presupuestarias para cumplir con la ley, una metodología que el oficialismo ha criticado históricamente cuando es propuesta por la oposición. Desde sectores de Fuerza Patria señalaron la incoherencia de impulsar una reforma que requiere infraestructura y personal especializado bajo el lema de «no hay plata», sugiriendo que la iniciativa responde más a una búsqueda de impacto mediático que a una solución operativa.

Asimismo, la urgencia de la reforma contrasta con los indicadores de seguridad que el propio Gobierno celebró recientemente. Datos oficiales ubican a la Argentina con la tasa de homicidios más baja de los últimos años, consolidándola como el país menos violento de la región. Esta tendencia descendente, sostenida desde 2015, abre interrogantes en la oposición sobre la necesidad de endurecer las penas juveniles en un contexto de mejora en los índices de criminalidad general.

Visiones contrapuestas: de la «demagogia punitiva» al proyecto del massismo

Las críticas al proyecto no tardaron en llegar desde diversos sectores. La exlegisladora Ofelia Fernández calificó la iniciativa como «demagogia punitiva», argumentando que la política busca construir «estridencias electorales» en lugar de abordar las causas estructurales. Fernández denunció un proceso de «desinfantilización» de los jóvenes, transformándolos en una imagen estigmatizada que ignora la realidad socioeconómica: según la UCA, el 56% de los menores en Argentina vive en la pobreza. En la misma línea, comunicadores como Pedro Rosemblat señalaron la falta de inversión en programas de contención social y educación como la verdadera falencia del sistema.

Por otro lado, la oposición no presenta un frente unificado. Dentro de Unión por la Patria, el sector vinculado a Sergio Massa trabaja en una propuesta alternativa. El diputado Ramiro Gutiérrez confirmó que su espacio impulsa un régimen que reduce la edad a 14 años, pero garantizando todos los derechos y principios de protección integral de la niñez, marcando una distancia tanto con la propuesta de máxima del oficialismo como con el rechazo total de otros sectores de su coalición.

Un debate de consignas frente a la realidad estructural

La reapertura del debate sobre la baja de imputabilidad parece responder más a una necesidad de oxigenación de la agenda política que a una emergencia estadística en materia de seguridad juvenil. Al carecer de financiamiento específico y de un acuerdo sólido con los aliados parlamentarios, el proyecto corre el riesgo de convertirse nuevamente en una declaración de principios sin aplicación fáctica. Mientras el oficialismo apuesta por el endurecimiento de penas como respuesta lineal al delito, la profundidad de la crisis social y la falta de recursos para un sistema penal juvenil serio amenazan con convertir esta reforma en otra oportunidad perdida para discutir una política de seguridad integral y sostenible.