El Gobierno nacional ha comenzado a difundir con tono de celebración el último índice salarial del 2,5%, posicionándolo por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que se ubicó en el 2,3%. Sin embargo, detrás de la frialdad de los números generales se esconde una maniobra estadística que maquilla una realidad mucho más cruda para los trabajadores argentinos. El supuesto triunfo oficial es, en rigor, un espejismo construido sobre un componente del indicador que no refleja el presente económico: el sector informal.

Por Analía Montenegro | josenizzo.info

La narrativa oficial insiste en que los salarios le ganaron a la inflación, pero el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) utiliza para este cálculo un incremento del 4,2% correspondiente al sector no registrado. El problema estructural radica en que dicho dato proviene de la Encuesta Permanente de Hogares y tiene cinco meses de rezago. Es decir, lo que el organismo reporta como una suba de octubre es, en realidad, una fotografía de marzo. Este componente, cuya falta de representatividad es cuestionada sistemáticamente por especialistas, es el único que permite inflar el promedio para fabricar una victoria inexistente.

Cuando se analiza el segmento que efectivamente refleja la actualidad del mercado laboral, los salarios de los trabajadores registrados —que agrupan al sector público y privado formal— muestran una historia diametralmente opuesta. Este universo apenas registró un aumento del 2% frente a la inflación del 2,3% en octubre. El resultado es incontrastable: por segundo mes consecutivo, la masa laboral formal volvió a perder frente al costo de vida, profundizando un deterioro que parece no encontrar piso.

La distorsión de los promedios y el estancamiento formal

El desglose de los datos revela la precariedad de la situación actual. En octubre, el sector público registró un aumento del 1,9% y el sector privado registrado un 2,1%, cifras que en ambos casos quedaron por debajo del IPC. Los empleados estatales nacionales son quienes cargan con la peor parte del ajuste, habiendo perdido un tercio de su capacidad de consumo en los últimos dos años. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y otros especialistas, esta pérdida equivale a haber trabajado cuatro meses de forma gratuita durante 2025.

Este escenario no es un fenómeno aislado de los últimos meses, sino que consolida un año de estancamiento en niveles críticos. Los salarios se encuentran actualmente en los mínimos históricos de la última década. En comparación con los promedios de 2017, el sector privado ha perdido un 20% de su poder adquisitivo, mientras que en el sector público la caída asciende a un escalofriante 34%. La Argentina laboral no está transitando una recuperación, sino que se encuentra estabilizada en el subsuelo de su capacidad económica.

El colapso del sistema científico y universitario

La crisis salarial adquiere dimensiones dramáticas al observar los sectores de educación y ciencia. Los docentes e investigadores de las universidades nacionales han experimentado una caída del 24% respecto al promedio de 2023. Más grave aún es el hecho de que el nivel salarial alcanzado a principios de este año representa el mínimo histórico desde el retorno de la democracia en 1983. Por su parte, los científicos del CONICET han visto cómo sus ingresos se incrementaron nominalmente muy por debajo de la inflación, acumulando una pérdida real superior al 31%.

Este deterioro se produce en un contexto donde los rubros esenciales, como vivienda, servicios públicos y alimentos, continúan liderando las subas de precios. Durante noviembre, rubros como la carne y las tarifas de servicios básicos mostraron incrementos por encima del promedio general, presionando aún más los presupuestos familiares. A esto se suma la advertencia de consultoras privadas sobre la existencia de precios atrasados en combustibles y servicios que, de actualizarse tras el periodo electoral, impactarán con mayor fuerza en 2026.

Conclusión editorial: La cronicidad del ajuste

La utilización de datos obsoletos por parte del INDEC para sostener una épica de recuperación salarial resulta, a esta altura, insostenible frente al bolsillo del ciudadano. No hay recuperación real cuando los trabajadores registrados, motor del consumo y la previsión social, pierden sistemáticamente contra la inflación por segundo mes consecutivo. Lo que el Gobierno presenta como un avance es, en realidad, la consolidación de un modelo de salarios bajos que apenas logran flotar sin hundirse del todo, pero que permanecen atrapados en un pozo de una década de antigüedad.

El ajuste no ha terminado; se ha vuelto crónico. Mientras el relato oficial se refugia en promedios distorsionados por el rezago estadístico del sector informal, la realidad de los sectores esenciales como la educación y la salud pública muestra un desmantelamiento de la capacidad adquisitiva sin precedentes en la historia democrática reciente. Sin una recomposición genuina que supere la inercia de los precios, la supuesta «victoria» sobre la inflación no será más que una estadística vacía en una economía de consumo agotado.

Analía Montenegro

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