Por Analía Montenegro
En un giro que desafía abiertamente la influencia de las grandes farmacéuticas, el Gobierno de Estados Unidos presentó este 1° de mayo el proyecto Generation Gold Standard, una ambiciosa iniciativa destinada a desarrollar vacunas universales contra virus respiratorios bajo control estatal, con enfoque científico, transparencia absoluta y sin concesiones a intereses privados.
El programa, liderado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), busca romper con el paradigma de dependencia de la industria que caracterizó la respuesta a la pandemia de COVID-19. Durante años, el Estado financió con miles de millones de dólares investigaciones y desarrollos que luego terminaron en manos de corporaciones que patentaron los resultados, elevaron los precios y limitaron el acceso.
“Este es un intento claro de recuperar la soberanía sanitaria. Las vacunas no deben ser un negocio, sino un bien común”, señaló la Dra. Mary Holland, presidenta de Children’s Health Defense, una organización que criticó la opacidad en el manejo de vacunas durante la pandemia.
El antecedente inmediato, Project NextGen, destinó más de 5 mil millones de dólares a farmacéuticas para continuar desarrollando vacunas y tratamientos contra el COVID-19. De ese total, $1.63 mil millones fueron para vacunas y $1.19 mil millones para medicamentos, sin que se haya logrado un salto cualitativo ni se haya garantizado el acceso público a los datos ni a las ganancias.
En cambio, Generation Gold Standard apuesta por desarrollar plataformas tecnológicas 100 % públicas. Uno de sus candidatos, BPL-1357, una vacuna intranasal contra múltiples cepas de influenza A, mostró buenos resultados en estudios de seguridad y podría estar lista para aprobación regulatoria en 2029. Otro proyecto, BPL-24910, avanza en la fase preclínica. Ambos están completamente desligados de derechos comerciales, lo que permitiría producir y distribuir vacunas sin restricciones ni royalties.
“El sistema anterior permitió que compañías, financiadas con fondos públicos, controlaran los resultados como si fueran privados. Eso no puede repetirse”, afirmó el epidemiólogo y profesor de políticas públicas Dr. Gregg Gonsalves, de Yale University, quien cuestionó reiteradamente el modelo de innovación farmacéutica vigente.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., fue tajante: “Cada innovación debe estar basada en ciencia de excelencia, sin presiones de Wall Street. No más ciencia con fines de lucro”. A su lado, el director del NIH, Dr. Jay Bhattacharya, añadió: “Estamos redefiniendo la forma de prepararnos frente a pandemias: con tecnología pública, estándares rigurosos y un compromiso real con la salud de la gente”.
El nuevo enfoque también contempla revisar políticas clave. Las autoridades sanitarias indicaron que no autorizarán nuevas vacunas COVID-19 para la próxima temporada sin pruebas con placebo, y que analizan eliminar esas vacunas del esquema infantil obligatorio del CDC, una decisión con alto impacto político y científico.
Mientras tanto, empresas como Moderna siguen trabajando en vacunas combinadas contra gripe y COVID-19, pero sin avances en materia de aprobación ni apertura de datos. A pesar de las cuantiosas inversiones públicas, los beneficios siguen en gran parte en manos privadas.
“Es hora de cambiar las reglas del juego. No puede ser que el pueblo pague dos veces: primero financiando la investigación, y luego comprando los productos a precios inflados”, denunció Peter Maybarduk, director del programa de Acceso a Medicamentos de Public Citizen, una organización que desde hace años reclama por precios justos y transparencia en el sector salud.
Con Generation Gold Standard, el Gobierno federal intenta marcar un antes y un después: que las vacunas vuelvan a ser lo que siempre debieron ser —una herramienta de salud pública universal— y no una mercancía más en el mercado global.
Analía Montenegro
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