El gobierno de Javier Milei concretó este martes una profunda desregulación sobre la producción y comercialización de la yerba mate, mediante la publicación de la Resolución 146/2025 en el Boletín Oficial. La medida modifica sustancialmente las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), eliminando las facultades que permitían al organismo garantizar estándares básicos de calidad e higiene. La nueva normativa habilita, en la práctica, la venta de productos con contaminación fúngica, exceso de palo y semillas, marcando un giro drástico en la política sanitaria del sector.

Por Analía Montenegro | josenizzo.info

El fin de la fiscalización sanitaria

La resolución anula tres normativas fundamentales —las resoluciones 15/2003, 37/2007 y 103/2017— que desde hace dos décadas otorgaban al INYM la potestad de fiscalizar el cumplimiento de estándares en toda la cadena productiva. Con esta decisión, desaparecen los controles que obligaban a los productores a adherir a las disposiciones del Código Alimentario Argentino. Entre las repercusiones más inmediatas se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de depurar elementos extraños durante la cosecha, tales como flores, frutos y hojas en mal estado, lo que impacta directamente en la pureza del producto final.

Asimismo, se ha suprimido la exigencia de utilizar bolsas que controlen la humedad durante el proceso de almacenamiento. Expertos advierten que esta omisión normativa abre la puerta a la proliferación de hongos y otros contaminantes biológicos peligrosos para el consumo humano. De igual forma, el INYM ya no podrá exigir el respeto de los ciclos biológicos de la planta, una regla que históricamente prohibía la cosecha y secanza durante los meses de octubre y noviembre para asegurar la regeneración natural del cultivo.

Modificaciones en la composición y el transporte

La desregulación se extiende a la composición física de la yerba mate que llega a las góndolas. La normativa elimina los topes máximos que regulaban la presencia de palo y semillas, permitiendo el ingreso al mercado de productos que exceden los límites anteriormente establecidos para garantizar la calidad. Complementariamente, los controles de higiene y seguridad que regían durante el transporte de la materia prima y el producto elaborado también han quedado sin efecto bajo el nuevo esquema legal.

Desmantelamiento del sistema de inspecciones

En el plano administrativo, la reforma altera el régimen de sanciones y control documental. Se modificó el procedimiento sumario de declaraciones juradas establecido en la Resolución 21/2009, derogando las sanciones por incumplimientos formales al considerarlas gravosas. El sistema de inhabilitación inmediata para operadores que no presentaban la documentación de ingresos y egresos ha sido reemplazado por un mecanismo de intimación fehaciente que otorga cinco días hábiles de plazo. Bajo las nuevas reglas, para que un operador sea inhabilitado deberá acumular la falta de presentación de tres declaraciones juradas dentro de un mismo año calendario.

La justificación oficial y el contexto sectorial

El Poder Ejecutivo justificó estas medidas bajo el argumento de mejorar la competitividad del sector y la necesidad de adecuar el mercado a los tiempos actuales. La resolución prohíbe explícitamente al INYM dictar normas que, según la visión oficial, provoquen distorsiones en los precios o generen barreras de entrada a la actividad. Esta política se alinea con la estrategia de desmantelamiento de organismos de control estatal que la administración libertaria ha implementado desde diciembre de 2023 en diversos sectores de la economía.

La Resolución 146/2025 representa un cambio de paradigma que desplaza el eje de la protección al consumidor hacia la liberalización total de la oferta. Al retirar al Estado de su rol como garante de la inocuidad alimentaria en un producto de consumo masivo como la yerba mate, se transfiere el riesgo sanitario a la población. Si bien la búsqueda de competitividad es un objetivo lícito, la eliminación de barreras sanitarias básicas podría comprometer el prestigio de la producción de Misiones y Corrientes, afectando tanto la confianza del mercado interno como la posición de la Argentina en el comercio exterior.

Analía Montenegro

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