La Asociación Trabajadores del Estado anunció un paro nacional de 24 horas con movilización al Congreso para el día en que el Senado trate el rechazo a los decretos que disuelven y reestructuran organismos clave como el INTI, el INTA y Vialidad Nacional. Si no hay convocatoria de la Cámara Alta esta semana, el gremio fijará fecha propia. Mañana, miércoles 20 de agosto, mantendrán una concentración desde las 12 frente al Parlamento.

Por Analía Montenegro | josenizzo.info

El sindicato definió un cese general de actividades y acciones federales coordinadas que incluirán desconexiones, retiros, asambleas y cortes, atadas a la sesión en la que el Senado trate los decretos cuestionados. En paralelo, ratificó para el miércoles 20 de agosto una movilización al Congreso para exigir que se rechacen vetos presidenciales vinculados a moratoria previsional, aumentos a jubilados y la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Los decretos bajo la lupa

ATE reclama que la Cámara Alta rechace un paquete normativo que reconfigura el Estado. Entre ellos, el DNU 462/2025, que transformó estructuras como el INTI y reordenó organismos productivos; el 461/2025, que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con reasignación de funciones al Ministerio de Economía; y el 351/2025, que modificó el estatus del Banco Nacional de Datos Genéticos. En las últimas horas se sumó el Decreto 585/2025, que profundiza la reorganización sobre INTA, INTI, INV e INPI.

Qué puede decidir el Congreso

Según recordó el gremio, la Cámara de Diputados ya rechazó en primera instancia los decretos cuestionados. Si el Senado adopta la misma decisión, las disposiciones perderán vigencia. Por eso, la conducción nacional de ATE ató el paro a la eventual convocatoria de la Cámara Alta y pidió acelerar el trámite parlamentario.

El mensaje político y el impacto sectorial

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, calificó la avanzada como un “desguace” del Estado y sostuvo que sin facultades delegadas el Ejecutivo “pierde fuerza”, reclamando que el Congreso frene la reestructuración por decreto. Para el sector productivo y de infraestructura, la discusión no es abstracta: los cambios alcanzan la capacidad estatal de certificar calidad industrial, asistir al agro e intervenir en la planificación y control de rutas, ejes que condicionan competitividad, seguridad y empleo.

La puja por el tamaño y la función del Estado vuelve al centro de la escena. Más allá de etiquetas, lo que se define es si la Argentina conservará —y cómo— capacidades públicas para certificar, investigar y planificar infraestructura en sectores decisivos. El Congreso tiene ahora la llave institucional para revisar decretos de alto impacto; el Gobierno, el desafío de explicar por qué la reingeniería por vía ejecutiva sería la mejor respuesta. En la calle, ATE ya eligió el método de presión. En el recinto, la política deberá ofrecer argumentos y votos a la altura de lo que está en juego.

Analía Montenegro

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