La ciberseguridad en Argentina enfrenta este 19 de diciembre una de sus jornadas más críticas. Según reportes preliminares de portales especializados en el monitoreo de la dark web, como Daily Dark Web, se ha detectado la oferta de un paquete de datos que contendría información sensible de millones de ciudadanos argentinos. La magnitud del evento, de confirmarse en su totalidad, superaría cualquier antecedente previo, afectando a los pilares de la administración pública y al sector privado de telecomunicaciones.

Por Analía Montenegro | josenizzo.info

La filtración incluiría bases de datos de organismos neurálgicos para el funcionamiento del Estado. Entre los activos comprometidos se mencionan registros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la recientemente creada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP. Además, la denuncia señala que la información expuesta abarca datos de los Registros de la Propiedad Automotor y bases de clientes de las principales compañías de telefonía celular que operan en el país.

El volumen de la información puesta a la venta en foros de cibercrimen sugiere un acceso profundo a sistemas de almacenamiento masivo. Los datos comprometidos no se limitarían a nombres o documentos de identidad, sino que incluirían registros de ingresos, antecedentes de propiedad, domicilios actualizados y metadatos de comunicaciones. Especialistas en seguridad informática advierten que este tipo de incidentes suelen ser el resultado de vulnerabilidades en las credenciales de acceso o de ataques de infostealers que han escalado sistemáticamente durante el último año.

A lo largo de este viernes, la incertidumbre ha crecido ante la falta de un comunicado oficial que desmienta o precise el alcance del ataque por parte de las autoridades nacionales. Mientras tanto, en los mercados negros de la red Tor, los atacantes promocionan la base de datos como una «compilación definitiva» de la población argentina, lo que pone en riesgo inminente a los ciudadanos frente a posibles estafas bancarias, suplantación de identidad y campañas de phishing dirigidas.

La recurrencia de estos eventos en el país pone bajo la lupa la infraestructura tecnológica del Estado. Expertos señalan que la centralización de datos sin las medidas de cifrado y autenticación de múltiples factores adecuadas convierte a los organismos públicos en objetivos primordiales. Este incidente se suma a una serie de vulneraciones previas que, de manera sistemática, han dejado expuesta la privacidad de los argentinos en el mercado ilegal de datos.

La presunta filtración masiva de este 19 de diciembre debe ser un punto de inflexión definitivo para las políticas de Estado en materia de ciberdefensa. No se trata simplemente de un «incidente técnico», sino de una vulneración a la soberanía individual y a la seguridad nacional. Es imperativo que las autoridades brinden transparencia inmediata y que se establezcan protocolos de protección de datos que dejen de depender de la coyuntura política para transformarse en una disciplina de seguridad nacional innegociable.

Analía Montenegro

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